Colombia dice basta: la ofensiva del Gobierno de Petro para frenar el mercenarismo global
- La ratificación de la Convención Contra el Mercenarismo apunta, de manera directa, a temas sensibles como derechos humanos, economía y seguridad.
En ese escenario, el gobierno de Gustavo Petro intenta marcar un quiebre histórico: poner fin al mercenarismo con la ratificación de una convención internacional que podría cambiar el rol del país en conflictos globales.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 92 votos a favor en diciembre de 2025. La ley castiga redes que reclutan, financian o entrenan mercenarios, sin penalizar a víctimas engañadas.
El presidente Petro celebró la norma: “El mercenarismo ha quedado prohibido en Colombia”. Ahora solo falta que promulgue la norma para que entre en vigencia y evite que el país sudamericano siga vinculado a gueras ajenas.
Beneficios humanitarios
Más de 300 colombianos murieron en Ucrania desde 2022, según la Cancillería y el Congreso. En Sudán, al menos 40 fallecieron en un ataque en el 2025. Expertos califican a esta situación como una forma moderna de trata de personas.
Incluso, el propio Petro cuestionó con dureza este fenómeno: “Es una forma de robar una nación”, afirmó al referirse al uso de colombianos en conflictos extranjeras.
Impacto humanitario: evitar crímenes y abusos
Uno de los pilares de la norma es humanitario. Según la Cancillería, el mercenarismo “pone en peligro la vida de quienes son reclutados mediante engaños”.
El académico Mario Urueña ha señalado que "estas redes operan de forma informal, incluso a través de cadenas de WhatsApp y empresas privadas", lo que facilita el reclutamiento irregular.
Dimensión económica: un negocio bajo la lupa
El mercenarismo también es un negocio. En países como México se ha documentado que grupos criminales pagan salarios superiores a los ingresos promedio de un exmilitar colombiano.
Este incentivo económico explica por qué muchos veteranos optan por estos contratos. En ese sentido, analistas advierten que prohibir esta actividad sin ofrecer alternativas laborales sostenibles podría trasladar el problema a la informalidad o a redes ilegales.
Seguridad nacional: frenar la exportación de guerra
Desde el enfoque de seguridad, el Gobierno busca evitar que el entrenamiento militar colombiano termine fortaleciendo conflictos o grupos criminales en el exterior.
La ley, según el Congreso, pretende “frenar décadas de participación de colombianos en guerras ajenas” y mejorar la cooperación internacional en la lucha contra estas redes.
Además, en un contexto interno marcado por violencia —como crisis recientes con miles de desplazados— el control del capital humano militar se vuelve estratégico.
Impacto político: respaldo y dudas
Políticamente, la iniciativa fortalece el discurso de Petro en favor de la paz y los derechos humanos.
No obstante, sectores críticos advierten que la medida podría quedarse corta si no se combate el problema estructural: la falta de oportunidades para exmilitares.
También persisten dudas sobre la capacidad del Estado para controlar redes internacionales complejas.
El Gobierno la presenta como un avance en humanidad, soberanía y seguridad. Pero expertos coinciden en que su éxito dependerá de la implementación y del acompañamiento social.
En un mundo con conflictos activos, Colombia intenta redefinir su papel: dejar de exportar combatientes y asumir una postura más firme frente a la guerra privada.
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